La mediación comienza el trámite parlamentario como instancia prejudicial

Judici

Javier Wilhelm
Director del Máster en Mediación Profesional
Director de la Cátedra de Mediación Ciudadana 
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El pasado 12 de abril, el Consejo de Ministros aprobó la nueva Ley de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia como parte de las medidas impulsadas para "pasar de un modelo judicial del siglo XIX a uno transformador adecuado al siglo XXI y hacer que el sistema de Justicia sea más ágil, eficiente y sostenible", tal como manifestó la Ministra de Justicia, Pilar Llop. 

Una de las novedades más destacables es la introducción de los Medios Adecuados de Solución de Conflictos (MASC), con los que se pretende cambiar la cultura de la confrontación por la promoción del diálogo y para incentivar el uso de formas más precisas en la resolución de conflictos. Este nuevo mecanismo está pensado como elemento de cohesión social para que la ciudadanía pueda participar de forma activa en la solución de sus disputas, procurando que se haga de forma prejudicial y habiendo probado vías como la mediación o otros métodos ADR como condición previa para entrar a sede judicial por asuntos civiles y mercantiles en todo el Estado. 

La normativa pretende dotar a la ciudadanía de mecanismos para que forme parte activa de la solución de sus disputas de forma prejudicial y a través de vías como la mediación

En este sentido, la normativa destaca que antes de interponer una demanda será necesario acreditar que las partes han probado la mediación, la negociación, la conciliación o la opinión de un experto independiente (que podríamos entender como mecanismo arbitral) para procurar satisfacción, calidad y agilidad en la resolución de conflictos interpersonales. Así mismo, la ley anticipa incentivos como exenciones fiscales y que los acuerdos tengan valor legitimado por el sistema de Justicia, siendo vinculantes y de título ejecutivo. 

Implantación en toda la sociedad

No obstante, los profesionales de la mediación manifestamos cierta preocupación por la forma en la que se está pensando la implantación estatal de este cambio de paradigma y confiamos que se trabaje en sede parlamentaria teniendo en cuenta las diferentes realidades y velocidades con las que se ha implementado la mediación en los distintos territorios del Estado.

El reto para su efectividad será transformar la eventual regulación en una política pública capaz de ser permeable a toda la sociedad, promoviendo el acceso real de la ciudadanía a sistemas alternativos de justicia, con liderazgo político y dotación presupuestaria para que la implementación llegue a cada rincón del país. La horizontalidad de la democracia debe ser un derecho efectivo de la ciudadanía para poder dotarla de herramientas y mecanismos para la cohesión social y la implantación de la cultura del diálogo y la paz social. 

Invertir en la cultura del diálogo y la convivencia implica esfuerzos y dinero, pero no hacerlo sale carísimo

Del mismo modo, los profesionales consideramos que la coyuntura actual podría ayudar a posicionarnos como un país de referencia en materia de mediación, donde el diálogo y la búsqueda de consensos fuesen transversales en todos los niveles de la sociedad. Dónde planificar una política universal, mantenida en el tiempo, accesible y construida de acuerdo con un amplio consenso con distintos actores técnicos, académicos y políticos fuese posible, y que contase con la flexibilidad necesaria para poder adaptarse a los constantes cambios de la sociedad. Dónde promover una cultura del diálogo y la escucha activa -más que de la imposición de ideas-, dónde se trabajase para la desjudicialización de los conflictos y de la vida cotidiana, llevando a los juzgados solamente aquello que fuese realmente necesario para el ámbito adjudicativo. Donde se planificasen acciones para la prevención de la escalada de la conflictividad y se promoviese la convivencia. 

Invertir en la cultura del diálogo y la convivencia implica esfuerzos y dinero, pero no hacerlo sale carísimo.