Pandemia y gestión pública en América Latina


Carles Pont

Carles Ramió
Director del Máster Universitario Online en Gobierno y Gestión Pública en América Latina de la UPF-BSM

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El impacto de la pandemia en la mayoría de los países de América Latina ha sido mucho más profundo y extenso que, por ejemplo, en los países europeos

Amèrica Llatina

La pandemia ha supuesto una prueba de estrés a las administraciones públicas de todos los países del mundo. Estas excepcionales exigencias no se han limitado a la gestión técnica de carácter sanitario sino a muchos otros ámbitos administrativos de los distintos niveles de Administración pública (gestión de expedientes de empleo, gestión educativa, servicios sociales, promoción económica, etc.). Hay muy pocos países que han salido indemnes o airosos de este extraordinario examen hacia la calidad de sus servicios públicos. Durante la primera ola algunos países mostraron solvencia ante esta crisis, pero, en cambio, han sucumbido a una deficiente gestión pública durante la segunda ola. Solo casos muy excepcionales como Nueva Zelanda y algunos países asiáticos han sido efectivos en sus respuestas institucionales. Pero son casos difíciles de ser adoptados como marcos de referencia y de aprendizaje, ya que poseen unas características sociales, comunitarias, económicas e incluso políticas que dificultan su comparación. Basta con analizar las respuestas institucionales de los países europeos para llegar a la conclusión de que todos los modelos políticos y administrativos de estos países han resultado erráticos y han mostrado serias debilidades para contestar con eficacia a esta crisis sanitaria, económica, social y laboral.

Los países de América Latina han afrontado esta crisis en una posición mucho más delicada que los países formalmente desarrollados tanto a nivel económico, como social e institucional. Se trata de unos países con un elevado desequilibro social y con una presencia muy extensa de una economía informal de subsistencia. Los especialistas en salud pública han demostrado que las crisis sanitarias no afectan de manera uniforme a la sociedad. Las enfermedades y la salud de la población no es democrática y se ceban especialmente en los colectivos sociales más vulnerables que están en una situación precaria en cuanto a protección profiláctica, de calidad de la vivienda y de fortaleza en sus ocupaciones laborales. Por tanto, el impacto de la pandemia en la mayoría de los países de América Latina ha sido mucho más profundo y extenso que, por ejemplo, en los países europeos.

Un momento delicado para la administración pública

A todo ello hay que sumar que los países de la región latinoamericana poseen instituciones públicas bastante precarias. Sus sistemas sanitarios, la mayoría de ellos en una fase de expansión y de mejora, son todavía muy endebles tanto a nivel hospitalario como de asistencia primaria. A nivel educativo sucede lo mismo, a lo que hay que añadir una población muy dispersa en amplios y complejos territorios y con acceso precario a las redes y a la utilización de las tecnologías de la comunicación. Las administraciones locales, nivel de vanguardia para proteger y facilitar un mayor confort social, suelen ser en la región especialmente precaria. En cambio, las administraciones nacionales (estatales y federales) han podido migrar de manera rápida y bastante solvente de la gestión presencial a la gestión on line.

La mayor parte de las respuestas políticas a la pandemia han sido sensatas y robustas exceptuando la reacción “trumpista” de Brasil o las erráticas políticas de México, o el caos político e institucional de Venezuela y Nicaragua

La pandemia ha llegado a los países de América Latina en un momento muy delicado en materia de gestión pública. Hay un dato general muy relevante: las administraciones de la región poseen un gasto público 10 puntos por debajo del que poseen los países de la OCDE (incluidos importantes países latinoamericanos que lo impulsan a la baja). La media en la región es del 30% de gasto público sobre el PIB cuando la media de los países de la OCDE está ligeramente por encima del 40%. Sin recursos públicos suficientes es imposible dar respuesta solvente a una crisis de estas características. Además, muchos países de América Latina han sufrido durante las dos últimas décadas el impacto de políticas neoliberales agresivas orientadas al adelgazamiento de sus administraciones públicas y abonadas a lógicas privatizadoras. Por si esto fuera poco, la pandemia se ha encontrado con unas instituciones públicas en una situación de construcción o reconstrucción: procesos de descentralización a medio camino (Perú o Colombia), intentos de cambio de los modelos de gestión del ámbito sanitario del público hacia un complejo sistema público-privado (de nuevo Perú y Colombia entre otros) no suficientemente rodados para responder con fluidez a las exigencias que se derivan de una pandemia.

Estrategias de innovación

A pesar de este sombrío panorama hay que destacar los notables esfuerzos políticos y administrativos de los países de la región para dar la mejor respuesta a las nuevas demandas sanitarias, sociales, económicas y laborales. La mayor parte de las decisiones políticas han sido sensatas y robustas (si exceptuamos la respuesta “trumpista” de Brasil o las erráticas políticas de México, a las que hay que sumar la situación caótica a nivel político e institucional de Venezuela y de Nicaragua). Muchas administraciones nacionales han mostrado una relativa fortaleza en materia de administración digital (Argentina, Uruguay, Chile, Costa Rica, Colombia o Perú).

Y la mayoría de los países han impulsado interesantes estrategias de innovación pública protagonizadas por unos entregados y bien formados empleados públicos a pesar de la ausencia parcial de unos modelos de función pública profesional estables, bien retribuidos y meritocráticos. Finalmente, la mejor noticia es que las instituciones multilaterales (que imponen sus condiciones a la mayoría de los países de Latinoamérica) se han dado cuenta de que las administraciones públicas son imprescindibles para que estos países alcancen mayores cotas de desarrollo. Durante la próxima década es probable que se relajen las exigencias de contención del gasto público y de una privatización aguda de los servicios públicos. Esta nueva coyuntura puede ser una gran oportunidad y aliciente para que los países de la región puedan construir durante los próximos años mayor institucionalidad sin tantos corsés ni imposiciones externas.

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